Se les vincula con el uso de exoneraciones, fideicomisos y estructuras offshore para acumular poder económico, mientras respaldan abiertamente a figuras cuestionadas y juegan un papel activo en la disputa por el rumbo político del país.
Durante décadas, una de las familias empresariales más influyentes de Honduras ha sido señalada por usar su poder económico y político para amarrar contratos, exoneraciones y ventajas frente al Estado. Hoy, su respaldo abierto a figuras cuestionadas y su discurso incendiario vuelven a ponerlos en el centro del debate.
Para entender por qué el apellido Facussé genera tantas reacciones en la opinión pública, hay que volver a los años setenta. De acuerdo con documentos y registros mercantiles recopilados por organizaciones de sociedad civil, la familia es propietaria de Distribuidora Mariscal desde 1972, y desde entonces ha tejido una red de negocios que ha crecido de la mano del Estado hondureño.
Esa relación se hizo todavía más evidente en 2012, cuando uno de sus miembros, el padre Eduardo Facussé Handal fue nombrado miembro administrador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Según los mismos documentos, el clan colaboró directamente con Juan Orlando Hernández en la elaboración de la Ley de la Tasa de Seguridad, un instrumento que movió miles de millones de lempiras bajo un esquema opaco y hoy bajo la lupa de la justicia.
En la administración de Hernández, la familia habría fortalecido aún más sus negocios a través de fideicomisos manejados por Banco Ficohsa y la expansión de sus empresas en sectores estratégicos. Diversos informes y denuncias relacionan esa acumulación de riqueza con el histórico conflicto por la tierra en el Bajo Aguán, donde comunidades campesinas señalan haber sido desplazadas en beneficio de grandes grupos económicos.
El mapa empresarial que se atribuye al clan incluye compañías registradas en Panamá, como Amarateca Holdings Inc., PAMELA Central América y MERRISTAR, S. de R.L. Todas se acogen al artículo 694 del Código Fiscal panameño, que solo grava la renta generada dentro de ese país. A eso se suman empresas como StarChem S.A., Merrill S.A. de C.V., Acqua Futura S.A. de C.V. y ABC Foods, esta última registrada como proveedora del Estado.
En plena pandemia de COVID‑19, en 2020, ABC Foods recibió una compra directa en el marco de la Operación Honduras Solidaria, cuando el país enfrentaba una emergencia sanitaria y millones de lempiras se movían con poca transparencia. Varios de estos negocios operan bajo regímenes especiales como Zonas Libres (ZOLI) y Energía Renovable, que otorgan amplias exoneraciones fiscales.
La figura de Luis Felipe Facussé también aparece en este rompecabezas. De acuerdo con registros corporativos citados por organizaciones de transparencia, desde octubre de 2009 controla un holding en las Islas Vírgenes Británicas llamado Pine Capital Holdings Ltd. La dirección declarada corresponde a un edificio de condominios en Tegucigalpa, lo que alimenta las sospechas de que se trate de una empresa de papel utilizada para mover capitales y optimizar el pago de impuestos fuera del país.
Otro hijo, también de nombre Eduardo Facussé, funge como CEO de “StarChem – Bozzetto S.A.”, mientras que la empresa Acqua Futura opera bajo el régimen de Energía Renovable desde 2016, lo que la exonera del pago de impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria. Para críticos y analistas, este entramado refleja cómo una élite empresarial ha sabido aprovechar al máximo los beneficios que el Estado concede a unos pocos.
En los últimos tres años, el rol político del clan se ha vuelto más visible. A través de medios de comunicación y plataformas corporativas, integrantes de la familia se han posicionado como algunos de los más duros detractores de la actual administración. Organizaciones sociales los señalan de promover información no verificada, especulación económica y narrativas de miedo que buscan sembrar incertidumbre en la población.
Ese activismo se ha traducido también en un respaldo abierto a sectores de la oposición tradicional, con los que históricamente han compartido intereses y beneficios. Entre ellos, el apoyo a la consejera Cossette López, una figura señalada por distintas voces de haber favorecido prácticas irregulares en el manejo del sistema electoral y hoy investigada por el Ministerio Público por la divulgación de unos audios en el que se planeaba boicotear el proceso electoral. Su papel en los intentos de boicotear el proceso electoral que se avecina ha encendido las alarmas de quienes defienden la transparencia democrática. La lectura que hacen muchos analistas es directa: cuando una élite que ha construido su poder a partir de contratos públicos, exoneraciones y estructuras offshore percibe que su estatus está en riesgo, recurre a la polarización y al caos.
Cuestionar de antemano los resultados, deslegitimar instituciones y sembrar dudas sobre el árbitro electoral se convierten en estrategias para negociar desde la fuerza y evitar cambios que puedan tocar sus privilegios.
En medio de este escenario, la ciudadanía enfrenta un reto enorme: informarse con fuentes confiables, exigir transparencia tanto al gobierno como al sector privado y no dejarse arrastrar por campañas de miedo. Porque, al final, más allá del apellido, lo que está en juego es si el país sigue siendo rehén de unos pocos o si las reglas empiezan a aplicarse igual para todos.
