Tegucigalpa. Un reciente fallo del Noveno Circuito de Apelaciones de California abrió la puerta para que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde 1999 ha permitido a más de 80,000 hondureños residir y trabajar legalmente en ese país. La decisión afecta de manera directa a unos 55,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses, quienes tras más de dos décadas de permanencia ahora enfrentan la posibilidad de deportación masiva.
El tribunal suspendió la orden previa de una corte de distrito que había permitido la extensión del beneficio, lo que representa una victoria para la Casa Blanca en su cruzada por eliminar este amparo migratorio. La decisión definitiva se espera el 18 de noviembre, cuando la misma corte se pronuncie sobre el futuro de los hondureños beneficiarios.
Impacto humano y económico
Los afectados, que han residido en EE. UU. durante 26 años de forma legal, no solo se encuentran en riesgo de deportación, sino que también se ven obligados a buscar otro estatus migratorio o abandonar el país de inmediato. Para muchos, regresar a Honduras significa volver a un entorno marcado por la violencia, el desempleo y la precariedad estructural.
Defensores de derechos humanos advierten que Honduras no está preparada para recibir a decenas de miles de retornados, lo que podría desatar una crisis social y económica. Las remesas enviadas por los beneficiarios del TPS representan un pilar fundamental para miles de familias. Según estimaciones, su interrupción podría elevar el desempleo en un 5%, golpeando aún más a una economía ya debilitada.
Argumentos de Washington
La administración Trump ha defendido la decisión alegando que las condiciones en Honduras han mejorado lo suficiente como para que los beneficiarios puedan regresar sin riesgos inminentes. Sin embargo, organizaciones internacionales y expertos contradicen esta postura, advirtiendo que el país aún enfrenta niveles críticos de inseguridad y falta de oportunidades laborales.
Una comunidad en incertidumbre
El TPS fue otorgado en 1999 tras el devastador paso del huracán Mitch, y desde entonces ha sido renovado en múltiples ocasiones. Para decenas de miles de familias hondureñas en EE. UU., este amparo significó estabilidad, acceso a empleo formal y la posibilidad de sostener a sus seres queridos en Honduras a través de las remesas.
Hoy, con el fallo judicial, esas familias se encuentran en la incertidumbre. La decisión final no solo definirá su futuro inmediato, sino también el de una nación cuya economía y tejido social dependen en gran medida del esfuerzo de su diáspora.
