Tegucigalpa. Una revisión de los contratos estatales adjudicados entre 2011 y 2022 confirma lo que durante años ha sido un secreto a voces: las familias empresariales más poderosas de Honduras han convertido al Estado en su principal cliente. De ese círculo privilegiado, la Compañía General de Inversiones emerge como uno de los grandes ganadores, acumulando más de L15 millones en contratos públicos y consolidándose como un actor clave en los negocios inmobiliarios.
Estos datos reflejan un fenómeno estructural: la captura del Estado por parte de las élites, quienes, mediante empresas de comunicación, banca, telecomunicaciones e inversiones, han asegurado contratos multimillonarios al mismo tiempo que se benefician de exoneraciones fiscales y de un sistema tributario profundamente desigual.
Contratos millonarios: una década de privilegios
Los registros muestran que la Compañía General de Inversiones recibió en total L15,740,086.36 en contratos con el Estado. Esta cifra la coloca entre las compañías más beneficiadas del período, superando incluso a empresas mediáticas de larga trayectoria como Telenoticieros y Documentales S.A. (Villeda Toledo), que acumuló L832,000, o Emisoras Unidas (Ferrari Villeda), que recibió L8,698,697.30.
La magnitud del monto revela no solo la capacidad de la empresa para captar fondos públicos, sino también su rol estratégico como socio de los gobiernos en turno. Mientras las mayorías hondureñas sufrían recortes en salud, educación e infraestructura, las arcas públicas alimentaban las cuentas de compañías cercanas a la élite económica y política.
Publicidad estatal como herramienta de blanqueo
Durante los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010–2014) y especialmente de Juan Orlando Hernández (2014–2022), la publicidad oficial dejó de ser un mecanismo de comunicación institucional para convertirse en un instrumento de legitimación política.
Emisoras Unidas y Multidata S.A. de C.V., se convirtieron en parte del engranaje que permitió proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad, ocultando la magnitud de las denuncias por corrupción, violaciones a derechos humanos y vínculos con el narcotráfico que rodeaban al régimen.
La paradoja es evidente: mientras en Estados Unidos se acumulaban expedientes judiciales contra Hernández —que culminarían en su extradición y condena por narcotráfico—, en Honduras la maquinaria mediática financiada con fondos estatales trabajaba para blanquear su imagen y silenciar las voces críticas.
Comparación con otras familias empresariales
El caso de la Compañía General de Inversiones no es aislado. Forma parte de un entramado mayor donde varias familias empresariales se han beneficiado de manera desproporcionada:
- Kafati Nosthas: a través de Gabriel Kafati S.A. recibieron más de L22,598,000.00, mientras que IMVESA acumuló L3,921,383.17 y Arrendadora de Vehículos otros L17,302,821.74.
- Atala Zablah: mediante el banco BAC y la empresa Multidata S.A. de C.V., captaron más de L14,380,176.30 y L1,955,515.45 respectivamente.
- Ferrari Villeda: con Emisoras Unidas, recibieron contratos por L8,698,697.30, y con Compañía Televisora Hondureña S.A. L1,730,293.95.
- Wong Torres: con la editorial Hablemos Claro, captaron L309,000.
Este patrón muestra cómo los mismos apellidos se repiten en los registros, consolidando un modelo económico en el que el Estado se convierte en garante de la riqueza de unos pocos.
Blanqueamiento mediático y silencio cómplice
El financiamiento público hacia estas empresas mediáticas y de inversión no fue inocente. Al aceptar contratos millonarios, estas compañías se convirtieron en cómplices del blanqueamiento político de JOH, minimizando las denuncias y reforzando narrativas oficiales que buscaban legitimar lo ilegítimo.
Expertos en comunicación señalan que el dinero de la pauta se utilizó como un arma política: premiando la lealtad mediática y castigando la crítica. Así, el Estado hondureño terminó subsidiando no solo negocios privados, sino también un sistema de impunidad en el que la corrupción y el narcotráfico podían operar sin resistencia mediática significativa.
Un modelo de impunidad que persiste
La historia de la Compañía General de Inversiones y de las demás empresas privilegiadas ilustra cómo la publicidad oficial fue utilizada como moneda de cambio entre el poder político y económico. A cambio de contratos millonarios, los medios y empresas de comunicación blindaron la imagen de un gobierno que hoy es señalado a nivel internacional como parte del narcotráfico.
Este modelo, advierten analistas, sigue vigente. El control de la publicidad oficial continúa siendo una herramienta de influencia política y económica, y la resistencia de las élites a iniciativas como la Ley de Justicia Tributaria se explica, en parte, por la intención del Gobierno actual de desmantelar estos privilegios.
