Tegucigalpa. El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria se ha convertido en uno de los ejes de mayor confrontación política y mediática en Honduras durante 2024. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca corregir un sistema fiscal plagado de injusticias y privilegios para una minoría empresarial, la oposición y representantes de la élite económica han desplegado una intensa campaña de desinformación para desacreditar la iniciativa, presentándola como una amenaza para la inversión y el desarrollo del país.
La titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Mariana Ríos, reiteró este lunes que el proyecto será aprobado en el Congreso Nacional antes de finalizar el año. “Confiamos en que el presidente del Congreso Nacional conseguirá los cinco votos que hacen falta. No se trata de un tema de colores políticos, sino de justicia para Honduras”, manifestó.
Ríos fue enfática en señalar que Honduras pierde cada año más de 40,000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales que benefician a los sectores más privilegiados de la economía, al tiempo que se mantiene un sistema tributario profundamente desigual. “El sistema actual es injusto, porque carga el peso de los impuestos sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre la población asalariada, mientras grandes corporaciones se benefician de exoneraciones que se han convertido en verdaderos privilegios”, explicó.
Asimismo, la funcionaria descartó la posibilidad de implementar el monotributo, una figura que había sido mencionada por ciertos sectores como parte de la discusión.
Voces a favor y contra la reforma
En respaldo a la propuesta gubernamental, Hugo Noé Pino, economista y diputado, aclaró que la Ley de Justicia Tributaria no contempla aumentos de impuestos, como han difundido algunos grupos empresariales y políticos de oposición. “Es falso que se busca castigar la inversión. Lo que se plantea es un sistema más equitativo donde quienes más ganan aporten lo que les corresponde”, puntualizó.
No obstante, las bancadas de oposición ya han adelantado su rechazo. María Antonieta Mejía y Mario Segura anunciaron que sus grupos legislativos no respaldarán la aprobación del proyecto. Para ambos, la ley representaría un “golpe” a la economía, aunque no han presentado argumentos técnicos que sustenten esta posición.
El frente empresarial también ha hecho sentir su resistencia. Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa (CCIT), declaró que la Ley de Justicia Tributaria “no será beneficiosa para el país” y que, en su opinión, forma parte de una “campaña de desprestigio contra los grandes capitales”. Fortín insistió en que son los sectores productivos los que deben impulsar las reformas, no el Gobierno, reforzando con ello la narrativa de que los intereses empresariales deben prevalecer sobre las políticas públicas.
Desinformación como estrategia política
Analistas señalan que, detrás de la oposición a la Ley de Justicia Tributaria, existe una estrategia bien articulada de desinformación y manipulación mediática. A través de comunicados, entrevistas y campañas en medios de comunicación, se ha buscado instalar la idea de que la iniciativa representa un “castigo” al sector privado, pese a que las disposiciones centrales apuntan a reducir privilegios fiscales y garantizar un sistema más equitativo.
El discurso predominante en estas campañas ha sido el de infundir temor a la pérdida de inversión extranjera y a la desaceleración de la economía. Sin embargo, especialistas en desarrollo económico advierten que, lejos de ser una amenaza, la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria podría aumentar la recaudación y mejorar los niveles de inversión pública en salud, educación e infraestructura, áreas históricamente debilitadas por la evasión y la elusión fiscal.
El papel de los medios tradicionales ha sido clave en la propagación de esta narrativa, al dar mayor visibilidad a las voces empresariales que se oponen al proyecto, mientras minimizan o tergiversan los argumentos oficiales y técnicos que lo respaldan.
Un pulso entre justicia fiscal y privilegios
La confrontación en torno a esta ley refleja un pulso histórico en Honduras: de un lado, las élites económicas que han gozado durante décadas de regímenes especiales, exoneraciones y beneficios tributarios; del otro, la presión de un gobierno que intenta redistribuir la carga fiscal y responder a los intereses de las mayorías.
De acuerdo con Mariana Ríos, lo que está en juego no es solo la aprobación de un instrumento fiscal, sino “la posibilidad de construir un país más justo”. No obstante, la férrea oposición que se articula desde los grupos empresariales y políticos conservadores augura un proceso legislativo difícil, cargado de tensiones y presiones.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa. Para muchos sectores sociales y organizaciones civiles, la Ley de Justicia Tributaria representa una oportunidad histórica de frenar el saqueo de las finanzas públicas. Para otros, especialmente aquellos que se benefician de las exoneraciones, constituye una amenaza directa a sus intereses económicos.
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria ha expuesto, una vez más, la profunda brecha entre el interés colectivo y los privilegios de una minoría. La oposición, apoyada por sectores de la élite económica, ha recurrido a tácticas de desinformación para frenar un proyecto que busca corregir décadas de inequidad.
De aprobarse, la ley podría convertirse en un paso decisivo hacia la construcción de un sistema fiscal más justo, con capacidad de financiar las urgencias sociales de Honduras. Pero si prevalece la narrativa del miedo y el poder de los grupos privilegiados, el país corre el riesgo de perpetuar un modelo económico que beneficia a pocos en detrimento de las mayorías.
