Tegucigalpa. El juicio contra el exdirector del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, Roberto Cosenza, ha iniciado oficialmente, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en Honduras. Cosenza, quien se declaró culpable el pasado 13 de agosto de los delitos de soborno y lavado de activos en Estados Unidos, enfrenta un proceso judicial que podría convertirse en un referente para entender cómo operó una de las redes de corrupción más sofisticadas entre 2015 y 2019.
La Fiscalía solicitó al juez una condena de 30 años de prisión, argumentando la gravedad de los delitos cometidos y el daño profundo ocasionado al erario público. Por su parte, la defensa de Cosenza insiste en que se imponga la pena mínima de 12 años, apelando a su confesión y cooperación durante la investigación. La decisión final del tribunal será determinante para medir el grado de firmeza del sistema judicial hondureño frente a los delitos de alto impacto.
La red de sobornos
Según las investigaciones del Ministerio Público, Roberto Cosenza no actuó solo. Junto a los empresarios Carl Zaglin y Aldo Marchena, articuló un esquema diseñado para pagar y encubrir sobornos entregados a funcionarios del Gobierno de Honduras, a cambio de garantizar millonarios contratos estatales.
El modus operandi consistía en sobornar a altos funcionarios para obtener contratos vinculados al suministro de uniformes de la Policía Nacional. Los sobornos aseguraban, además, adjudicaciones directas en la administración de la Tasa de Seguridad Poblacional, un fideicomiso que, en teoría, había sido creado para blindar recursos en la lucha contra la criminalidad, pero que terminó convertido en fuente de enriquecimiento ilícito para redes corruptas.
La Fiscalía reveló que, entre 2015 y 2019, se otorgaron contratos por un valor aproximado de 10 millones de dólares. Parte de esas ganancias fueron blanqueadas a través de testaferros en Estados Unidos y Belice, países que aparecen recurrentemente en operaciones de triangulación financiera vinculadas al crimen organizado y la corrupción de alto nivel.
Lavado transnacional
El Ministerio Público detalló que las empresas y sociedades involucradas operaban como fachadas comerciales. Las transferencias bancarias y operaciones contables se camuflaban bajo supuestos contratos de consultoría o importaciones ficticias, un mecanismo diseñado para dar apariencia de legalidad al dinero proveniente de los sobornos.
El rastro del dinero llevó a los investigadores hasta Belice y Estados Unidos, donde se detectaron movimientos financieros sospechosos. Dichos fondos, provenientes de Honduras, eran canalizados a través de compañías controladas por socios de confianza de Cosenza, Zaglin y Marchena. Posteriormente, regresaban al país en forma de inversiones inmobiliarias, adquisición de bienes de lujo y capital en nuevas empresas.
La Fiscalía ha calificado este entramado como un ejemplo del “lavado de activos de nueva generación”, en el cual las fronteras nacionales se difuminan y los sistemas financieros internacionales son instrumentalizados para encubrir delitos de corrupción política.
Impacto político
El juicio ha despertado gran atención mediática y política. Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional, afirmó que este proceso “desenmascara el esquema de corrupción de la pasada administración”, en clara alusión al gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Lo que estamos viendo es la confirmación de lo que por años denunciamos: que la Tasa de Seguridad fue usada como una caja chica para enriquecer a funcionarios y empresarios cercanos al poder, mientras al pueblo se le vendía la idea de que esos fondos servían para proteger su seguridad”, declaró Redondo.
Estas palabras han encendido nuevamente el debate sobre la necesidad de auditar a fondo el fideicomiso de la Tasa de Seguridad y otras figuras similares que, en teoría, buscaban blindar recursos estratégicos pero que, en la práctica, funcionaron como estructuras paralelas al presupuesto nacional, sin transparencia ni controles efectivos.
La Tasa de Seguridad en el ojo del huracán
Creada en 2011, la Tasa de Seguridad fue presentada como un mecanismo excepcional para garantizar recursos inmediatos contra el crimen organizado y la violencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, diversas investigaciones periodísticas y auditorías independientes denunciaron que esos fondos carecían de rendición de cuentas, lo que abrió la puerta a múltiples irregularidades.
El caso de Roberto Cosenza confirma esas sospechas. Su papel como director del fideicomiso le otorgaba un nivel de influencia y acceso a recursos millonarios. Lejos de fortalecer la seguridad del país, esos fondos se convirtieron en moneda de cambio para pactos políticos y enriquecimiento privado.
Expectativa ciudadana y judicial
La población sigue de cerca este proceso, pues representa una oportunidad de comprobar si el sistema de justicia está dispuesto a romper con la impunidad que históricamente ha rodeado a los casos de corrupción de alto nivel.
La Fiscalía, con su solicitud de 30 años de cárcel, busca enviar un mensaje claro: el desvío y lavado de fondos de la seguridad nacional no puede ser tratado con indulgencia. En contraste, la defensa de Cosenza insiste en que su confesión debería ser considerada como atenuante y que la pena no debe superar los 12 años.
El veredicto que se emita marcará un precedente para futuros casos. Una condena ejemplar podría abrir la puerta a nuevos procesos contra otros exfuncionarios implicados en desvíos de la Tasa de Seguridad, mientras que una pena leve podría reforzar la percepción ciudadana de que la justicia continúa siendo selectiva.
El juicio contra Roberto Cosenza no es solo la historia de un funcionario corrupto, sino la radiografía de un sistema estructural de impunidad que permitió que millones de dólares destinados a proteger a la población fueran saqueados para enriquecer a unos pocos.
Más allá de la condena que se dicte, este proceso pone sobre la mesa la urgencia de reformar los fideicomisos públicos, establecer mecanismos de fiscalización estrictos y garantizar que nunca más los recursos para la seguridad de los hondureños se conviertan en botín político.
El caso de Cosenza deja al descubierto que el verdadero costo de la corrupción no solo se mide en millones de dólares perdidos, sino en la confianza quebrada de un pueblo que exige justicia.
