Tegucigalpa. — La historia de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del COHEP en dicho mecanismo, refleja cómo el poder y la cercanía con los fondos públicos pueden transformarse en una red de negocios privados y triangulaciones financieras que hoy lo tienen bajo investigación por fraude, abuso de autoridad y lavado de activos.
La empresa propia que recibió millones
El Ministerio Público señala a Inversiones M & M, S. de R.L. (de C.V.) como pieza central del esquema. La empresa, propiedad de Molina, estaba inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con capacidad para vender tarjetas magnéticas, inteligentes y otros sistemas de control. A través de esta firma, recibió alrededor de L 17 millones, dinero que provenía directamente del contrato para la compra de tarjetas PVC utilizadas en la emisión de licencias de conducir.
Aunque oficialmente el contrato fue adjudicado a Plasticards S.A., empresa recién constituida al momento de la licitación, la investigación concluye que Molina fue el verdadero beneficiario de la operación.
La adjudicación exprés
En diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó a Plasticards un contrato por 480,000 tarjetas PVC, apenas dos meses después de que esta compañía fuera creada. A finales de enero de 2022, en los últimos días de la administración anterior, se desembolsaron L 18.5 millones. Apenas tres días después, Plasticards transfirió L 17 millones a Inversiones M & M, pese a que Molina, como coordinador del fideicomiso, tenía prohibido contratar con el Estado.
La triangulación internacional
Detrás del contrato se descubrió otro engranaje: las tarjetas no fueron fabricadas ni suministradas por Plasticards. El verdadero proveedor fue Interamerican Service Unlimited Corp., una compañía estadounidense. Inversiones M & M habría servido como canal de importación y, al mismo tiempo, como receptora de los fondos desviados.
La Fiscalía sostiene que Molina y sus socios usaron empresas fachada internacionales y sistemas financieros de EE.UU. y Francia para mover el dinero, constituyendo un caso de triangulación y posible lavado de activos.
Bienes asegurados y nuevas revelaciones
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) presentó requerimiento contra Juan Ramón Molina y Liana María Mayorga Castillo, gerente de Plasticards, acusándolos de defraudar al Estado por más de 18 millones de lempiras. Como parte de las medidas, se aseguraron 7 inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles ligadas a los imputados.
La trama se amplía con las declaraciones de Roberto Francisco Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad, quien en una corte de Florida admitió haber recibido sobornos junto a Molina a través de empresas fachada para asegurar contratos millonarios del Estado a una compañía estadounidense.
Además, un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de 2022 vinculó a Molina con la sociedad Sky Max Leasing Corp., que entre 2016 y 2017 recibió cerca de L 8 millones del fideicomiso en supuestas “operaciones especiales internacionales”. Para 2019, Molina ya tenía poder general de administración sobre esa firma.
Lo que inició como un fideicomiso destinado a fortalecer la seguridad ciudadana terminó convertido en una maquinaria de corrupción. Juan Ramón Molina, otro representante del empresariado en el “Tasón”, aparece hoy señalado como engranaje clave de un esquema de fraude, triangulación internacional y enriquecimiento ilícito que dejó un agujero millonario en las finanzas públicas.
