El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, llegó al poder en 2022 prometiendo una gestión transparente y una “lucha frontal contra la corrupción”. Sin embargo, a tres años de mandato enfrenta múltiples investigaciones y denuncias por presuntos actos irregulares. Se le señalan contratos municipales adjudicados a empresas vinculadas a su familia, posibles malversaciones de fondos públicos, nepotismo en la gestión y hasta filtraciones de audio que exhiben conductas éticamente cuestionables. Estas acusaciones provienen de medios de comunicación, autoridades estatales e incluso de su propio vicealcalde, poniendo bajo la lupa la administración del polémico edil sampedrano. A continuación, un reportaje de investigación profunda que desglosa cada uno de estos señalamientos con rigor periodístico y evidencia verificable.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, llegó al poder en 2022 prometiendo una gestión transparente y una “lucha frontal contra la corrupción”. Sin embargo, a tres años de mandato enfrenta múltiples investigaciones y denuncias por presuntos actos irregulares. Se le señalan contratos municipales adjudicados a empresas vinculadas a su familia, posibles malversaciones de fondos públicos, nepotismo en la gestión y hasta filtraciones de audio que exhiben conductas éticamente cuestionables. Estas acusaciones provienen de medios de comunicación, autoridades estatales e incluso de su propio vicealcalde, poniendo bajo la lupa la administración del polémico edil sampedrano. A continuación, un reportaje de investigación profunda que desglosa cada uno de estos señalamientos con rigor periodístico y evidencia verificable.
Agentes del Ministerio Público (ATIC y UFERCO) ingresan a la Alcaldía de San Pedro Sula el 3 de junio de 2024 para secuestrar documentación, en el marco de investigaciones por contratos irregulares vinculados a familiares del alcalde (izq.). Contreras (der.) se ha defendido públicamente alegando persecución política y negando haberse enriquecido ilícitamente durante su gestión.
Las autoridades hondureñas han emprendido diversas acciones contra presuntas irregularidades en la gestión de Contreras. El 3 de junio de 2024, un operativo conjunto de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) y agentes de la ATIC allanó la alcaldía sampedrana y decomisó documentos relacionados con la adjudicación de contratos municipales. Según informó el Ministerio Público, varios proyectos de obras públicas habrían sido otorgados de forma amañada a empresas constructoras vinculadas con parientes del alcalde. Los delitos bajo investigación incluyen fraude, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, entre otros
Estas diligencias se dan tras numerosas denuncias. Equipos fiscales investigan por lo menos 40 proyectos de infraestructura contratados de manera directa entre 2022 y 2024, los cuales suman más de 50 millones de lempiras en valor. Se cuestiona la calidad de las obras, los costos inflados y un posible tráfico de influencias en dichas contrataciones. La modalidad de contratación directa, evitándose licitaciones públicas, habría facilitado adjudicar repetidamente proyectos a las mismas empresas favorecidas. Incluso, se reporta que una sola compañía obtuvo más de L48 millones en contratos directos en ese periodo. Además, el Ministerio Público indaga el manejo de fondos de la tasa de bomberos municipal, ya que existen sospechas sobre el destino de esos recursos recaudados. En resumen, la gestión de Contreras está bajo escrutinio por posibles actos de corrupción y malversación, con fiscales recopilando evidencia para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones..
Escándalos en obras públicas y contrataciones cuestionadas
Al profundizar en los contratos municipales bajo Contreras, surgen otras anomalías aparte del caso Concoh. Por ejemplo, investigaciones periodísticas señalan que en la Gerencia de Deportes de la alcaldía, hacia finales de 2023, tres empresas particulares recibieron casi 3 millones de lempiras en contratos de bienes y servicios, y “casi siempre cotizan juntas” en los mismos procesos, “pareciera que se reparten los negocios” entre sí. Este patrón sugiere posible colusión entre proveedores para simular competencia y cumplir con los requisitos mínimos de cotización en compras directas. Asimismo, se han detectado compras municipales a precios superiores a ofertas equivalentes de otros proveedores, sin justificación sólida de mejor calidad. Un caso citado es la adquisición de kits de útiles escolares donde la licitación se adjudicó a una empresa con una oferta de L16.4 millones, rechazando a otro oferente que cotizó L13.8 millones, pese a que la “calidad era igual” según Menjívar. Si bien la ley permite escoger una oferta más alta por criterios de calidad, en este concurso las diferencias eran meramente estéticas (diseño y logo), no sustantivas, por lo que la decisión levanta sospechas.
Otro escándalo resonante ha sido la concesión del servicio de recolección de basura a la empresa Sulambiente. Dicho contrato millonario para aseo urbano ha sido fuertemente cuestionado: organismos anticorrupción investigan si su adjudicación durante la administración de Contreras estuvo viciada. El alcalde ha intentado desvincularse, afirmando que “más del 95%” de ese contrato provenía de gestiones anteriores. No obstante, Contreras fue citado por el Ministerio Público en calidad de “persona de interés” dentro del caso, para que brindara declaración sobre cómo se suscribió y ejecutó el contrato con Sulambiente en su gestión. Paralelamente, la alcaldía entabló una contrademanda contra dicha empresa, buscando que “devuelva 314 millones de lempiras que nunca debieron pagarse” por servicios presuntamente no prestados. Este conflicto refleja el desorden contractual heredado y/o perpetuado en la municipalidad: contratos onerosos, pleitos legales y potencial perjuicio al erario.
En síntesis, numerosos proyectos y concesiones municipales bajo Contreras han sido tachados de irregulares o poco transparentes. Las investigaciones en curso –tanto periodísticas como fiscales– abarcan contratos de obras, servicios públicos, compras municipales y manejo de tasas. La constante que emerge es la posible falta de controles, uso indebido de contrataciones directas para evadir licitaciones abiertas y beneficios a entornos cercanos al poder local. Todo ello ha minado la credibilidad del alcalde, cuyo discurso anticorrupción inicial contrasta con las acusaciones actuales.
Contratos adjudicados bajo la gestión de Roberto Contreras
